Agnes Celis Roca, Directora General de la Asociación de Terminales y Operadores de Puertos (ATOP), afirmó que su organización no sólo ha pedido al Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Juan Molinar Horcasitas, modificaciones legales que ofrezcan mayor certidumbre jurídica a los inversionistas, sino que además brinde valor agregado a todas aquellas obras que contribuyan a la competitividad en los puertos.

La experta explicó que en la actualidad es urgente el desarrollo de obras que permitan la conectividad entre el transporte marítimo con el ferroviario y el auto-transporte, además de dragrado y otras que fundamenten la importancia de los mismos.

Prestó especial énfasis en licitaciones como el puerto de Mazatlán y Tuxpan, las cuales fueron declaradas nulas debido a que las propuestas estuvieron por debajo del precio de referencia.

Celis Roca manifestó que los inversionistas de puertos en México están de acuerdo con que, por ejemplo, el proyecto de Punta Colonet se reduzca, debido a que en las condiciones originales requiere de grandes inversiones y de periodos de concesionamiento muy largos.

“Creo que sí se debe hacer en etapas, de tal forma que las inversiones se puedan recuperar y que se pulse en forma real el mercado que se espera captar, para que se pueda recuperar conforme a los volúmenes de mercado” dijo.

En cuestión de números, detalló que durante el primer trimestre del presente año se observó una caída de la actividad portuaria de aproximadamente 20 a 22 por ciento. El movimiento de carga en puertos comerciales cayó en un 16.3 por ciento, mientras que el número de contenedores manejados entre enero y marzo fue 15.9 por ciento menos.

Como ejemplo más actual se tiene el reciente aplazamiento de Punta Colonet, en donde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes suspendió temporalmente el proceso para su licitación, a fin de modificar las fechas de registro de interesados pero sin plantear, por ahora, un nuevo período.

En conclusión, inversionistas en materia portuaria respaldan los nuevos proyectos de infraestructura, siempre y cuando, las licitaciones respectivas sean revisadas bajo la lupa de la realidad económica y las necesidades nacionales de competitividad.