Con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Alimentaria y Modernización S510, el 17 de noviembre de 2010, se ha producido una de las mayores polémicas en torno a los temas de soberanía alimentaria y comercio exterior.  

La Asociación de Consumidores de productos Ecológicos (OCA), en defensa de la ley informó en un comunicado de prensa que la ley S510, denota el interés de la administración de Estados Unidos por fortalecer la seguridad de sus consumidores y marca una clara tendencia de que este aspecto cada vez será más estricto.

En respuesta Asociación Mexicana de Horticultura Protegidad AC (AMHPAC) se pronunció a favor de trabajar unidamente como industria para incrementar la inocuidad, calidad y seguridad de las hortalizas mexicanas y aprovechó el anuncio de la S510 para motivar y promover su programa de Blindaje Agroalimentario.

“En cuanto la ley S510, organizaciones como PMA, United Fresh, WG, FPAA y definitivamente nosotros como AMHPAC, hemos manifestado que encontramos inconsistencias en tal iniciativa y que por lo tanto no podemos favorecer con una opinión positiva dicha ley”, continúa el texto.

Entre las inconsistencias que la AMHPAC encuentra en la ley señala:

La legislación refiere a las cuotas por servicios prestados en el caso de reinspección de los establecimientos, por los costos del retiro obligatorio de alimentos en el mercado, por el registro de los importadores o por la acreditación de auditores privados para que certifiquen a las empresas exportadoras mexicanas.

Sin embargo, de acuerdo al Artículo I, Sección 7, Cláusula 1, de la Constitución de los Estados Unidos, todas las iniciativas que impliquen el establecimiento de ingresos deben originarse en la Cámara de Diputados y no en el Senado con en el caso de la S510.  Por lo anterior, los líderes de esta Cámara Baja han señalado que las disposiciones de la iniciativa del Senado, que fijan los cobros por servicios, violan las disposiciones establecidas en la Constitución

En este sentido, los diputados norteamericanos envían al Senado otra iniciativa, la Asociación Estadounidense de Productos del Campo (United Fresh Produce Association), pudiera aprovechar esta oportunidad para ejercer presión entre los Diputados, buscando que se elimine en la iniciativa del Senado, el texto referente a la exención del cumplimiento de las disposiciones a los pequeños productores y procesadores. 

De esta forma, la Food Drug Administration (FDA) debe certificar cada dos años a las exportadoras mexicanas de alimentos y tendrá la facultad de retirar, de manera arbitraria, los productos que considere “dañinos” para la salud de los norteamericanos, lo que aumenta los costos administrativos y operativos de las empresas mexicanas, lo que traerá un inevitable aumento de precio de producto al consumidor final.

Para algunos analistas la S510 es violatoria al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues establece medidas dispares de certificación entre los alimentos mexicanos y norteamericanos.

Sin embargo, cabe recordar que esta medida aún no es un hecho, pues por una parte falta la firma del presidente Barack Obama, y por otro lado, se espera que la Cámara de Diputados pare la ley, en todo caso, los exportadores mexicanos deberán tomar sus precauciones.