Inequidad, competencia desleal y discriminación, es lo que ha recibido el sector del autotransporte de carga de nuestro país, desde hace catorce años, por parte del gobierno norteamericano en evidente violación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Catorce años en los que se ha impedido a los transportistas mexicanos el libre tránsito en el territorio de los Estados Unidos, se ha inhibido la inversión y se han disuelto alianzas con empresas del vecino país, dejando a los nacionales en plena desventaja.
“Nos están llenando de infracciones, porque todos los condados en Estados Unidos ya dentro de su presupuesto tienen un ingreso adicional por parte de las multas que ponen a los mexicanos” afirmó Tirso Martinez, Presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) en entrevista para Enlace Claave.
Es por esto que el pasado 15 de abril la CANACAR, inició un proceso para la reclamación de daños y perjuicios en contra del Departamento de Estado norteamericano; controversia en la que se hace referencia específica al capítulo 11 del TLCAN, que dota al sector mexicano del derecho de someter a arbitraje una reclamación sobre la violación de una obligación establecida que haya causado pérdidas.
La notificación de esta demanda quedó registrada el 30 de abril ante el secretariado técnico del TLCAN y el pasado 20 de mayo se celebró en Washington la primera de una serie de reuniones de negociación a fin de fijar las pretensiones de las partes, así como el alcance que podría tener el propio arbitraje, mismo que contempla un plazo de hasta 90 días para la presentación formal de esta demanda.
“Después, si prospera nos vamos a otra etapa de seis meses donde nosotros debemos presentar cuando menos a tres peritos que ya están reconocidos por nosotros, gente muy experta en sus temas, inclusive hay una de una universidad en Estados Unidos y todas relacionadas con el tema del transporte y economías y ya después de ello continuará lo pertinente por la vía legal”, mencionó Tirso Martínez.
Por su parte, Oscar Moreno, Director Ejecutivo de la CANACAR, aseveró que en esta ocasión el gobierno norteamericano se mostró muy receptivo aunque algo inquieto ante la presentación de la querella; por lo que el tema fue tomado con gran seriedad. Ante 15 representantes de instancias norteamericanas como la oficina de la presidencia, el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y la oficina para las relaciones comerciales con México, miembros del departamento jurídico y del despacho externo contratado por la CANACAR explicaron a detalle las pretensiones del organismo.
Si bien en 2001, esta Cámara ya había obtenido una resolución favorable por parte de un panel en relación al capítulo 20 del TLCAN, hoy se está explorando una vía distinta en la que de acuerdo con Oscar Moreno, se esperan mejores resultados. “Se trata de un tribunal de arbitraje, es decir, no se trata de una decisión en una corte jurisdiccional, judicial o de un tribunal administrativo sino que se trata de un procedimiento muy ágil, que prevé el propio tratado entre partes y en donde se señalan peritos, se señalan árbitros y la decisión se toma conforme a un dictamen por parte de los árbitros que son fijados por las propias partes”.
El Objetivo
Además del cumplimiento a la apertura por parte de los Estados Unidos, la demanda de arbitraje prevé la posibilidad de que existan indemnizaciones hacia la parte afectada o en su caso, la restitución mediante compensación que dicte el propio laudo. De forma global se estima que de prosperar esta demanda, la indemnización podría alcanzar los 2500 millones de dólares; sin embargo, se requerirá de un análisis previo en el que expertos en la materia cuantificarán con mayor exactitud el grado de afectación por medio de un modelo económico de daños en dos escenarios:
- La afectación a nivel de industria nacional causada al no permitir la generación de inversiones ni la prestación de servicios en el territorio de los Estados Unidos.
- El daño a nivel individual, sufrido por las empresas mexicanas que se vieron en la obligación de retirar las inversiones que tenían en el vecino país del norte, así como disolver las asociaciones o alianzas ya pactadas con empresas estadounidenses.
Apatía del gobierno mexicano
“Se dan por enterados del tema (de la demanda interpuesta) y nos dicen, en el caso de la Secretaría de Comunicaciones, que toda la información conducente que nosotros necesitemos nos la entregarán por la vía legal que está preestablecida. Eso es básicamente lo que me contestan en el oficio, no me dan a favor ni en contra del tema; nos dicen que estadísticamente no llevan algunos datos que en primera instancia les pedimos; entonces, es un poquito ambigua esa respuesta”, lamentó el titular de la CANACAR.
Y es que ésta ha sido permanentemente la actitud del gobierno federal ante los diversos reclamos de equidad por parte del sector del autotransporte de carga. Basta con hablar del cómo los camiones norteamericanos circulan por nuestro territorio sin ningún tipo de control ni revisión. “Las autoridades mexicanas no revisan nada, esa es la verdad, nosotros pasamos como transportistas al lado americano y siete autoridades nos revisan de inmediato y las que pueden nos ponen multas y los carros americanos pasan del lado mexicano y no hay quien los pele, o sea, ni aduanas, ni PFP, ni ninguna autoridad que tenga que intervenir y les dejan hacer lo que quieren y en esta competencia comercial que traemos vemos que las empresas que tienen inversión extranjera claramente, andan haciendo servicio y la Secretaría no toma acciones; en cambio nosotros vamos a Estados Unidos y con que hagamos viajes hasta de vacío, nos multan”, sentencia el líder de la CANACAR.
El reclamo
Ante este escenario lo que reclaman los transportistas mexicanos de parte de las autoridades nacionales no es más que Equidad “como nos tratan allá, que los traten aquí o como nosotros los tratamos aquí, que ellos nos traten allá”, dijo Tirso Martinez.
En este sentido, a pesar de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha destacado reiteradamente los logros alcanzados por medidas como el Proyecto Demostrativo para la Apertura del Autotransporte Transfronterizo de Carga con Estados Unidos, para la CANACAR este programa no ha sido más que “un intento para decir que están cumpliendo lo que acordaron con el departamento de transporte de Estados Unidos; sin embargo, es pequeñísima la muestra y lo que diga la muestra no determina lo que sucede en la realidad en el intercambio comercial, si llevan unos poquitos camiones y los andan cuidando de que no pase nada pues eso no quiere decir que así va a ser el intercambio comercial, no nos refleja la realidad: ni la discriminación, ni la falta de igualdad, ni ante las autoridades porque las autoridades en Estados Unidos ahorita sí saben cuáles empresas son, entonces no las tocan, simplemente no las tocan para que no haya ruido con eso; pero a la hora de que se abra y entren todos, vas a ver el ataque que vamos a recibir como pasa en las fronteras”.
Por lo pronto el proceso de arbitraje en contra del gobierno norteamericano ya está en marcha y estaremos pendientes de cualquier avance al respecto; pero éste, no es el único conflicto por el que atraviesa el autotransporte de carga nacional: el Impuesto Empresarial a Tasa Única y la importación de camiones usados son dos cuestiones que están poniendo en serio riesgo a muchas empresas mexicanas de dedicadas a esta actividad, temas que tocaremos en nuestra próxima edición.
